jueves, 10 de diciembre de 2015

VENEZUELA: CONTRA LOS DIABLOS Y CONTRA LOS DEMONIOS (1/3)



Dijo José Martí:
“Son muchos los vendidos y muchos los venales, pero de un bufido del honor puede echarse atrás a los que, por hábitos de rebaño, o el apetito de las lentejas, se salen de las filas en cuanto oyen  el, látigo que los convoca, o ven el plato servido.”
Cual senadores romanos, llegaron ex presidentes de varias repúblicas, todos ellos de dudosa reputación o, mejor dicho, con amplios prontuarios en violaciones de Derechos Humanos (DDHH), desaparecidos, falsos positivos, paramilitarismo, obstrucción de la justicia y de la democracia, enriquecimiento ilícito y un sinfín de hechos que los han llevado a las páginas negras de la historia en cada uno de sus países de origen, en donde lo único bien hecho de sus acciones, ha sido el servilismo en favor del decadente imperio estadounidense, el que además de chantajearlos, los mantiene como sus tarifados y los protege de la mano de la justicia.
Es tan cínica la visita de los indeseables ex presidentes, que andan aislados de masas y seguidores, solo acompañados de los mismos conspiradores de oficio, de la parasitaria burguesía criolla que los desprecia y utiliza y de todos los medios privados venezolanos, los que están decididamente comprometidos en "La Salida" del Presidente Nicolás Maduro.
Dicho en palabras más simples, los indeseables ex presidentes que han irrespetado y ofendiendo  a un país soberano, han de saber que no fueron bienvenidos en suelo de          NUESTRO COMANDANTE EN JEFE Y ETERNO HUGO CHAVEZ FRIAS, porque ESTA América Latina y Caribeña no necesitamos tutelaje de absolutamente nadie, ni de ninguna potencia extranjera.
Igualmente, el mundo debe tener bien claro que los indeseables visitantes ex presidentes, sólo han venido a legitimar la guarimba electoral que justifique la intervención armada del gobierno se EEUU contra Venezuela. Y  de paso cobrar las 30 monedas de Judas.
¡¡¡¡¡CERDOS DEL MUNDO!!!
Patria es humanidad. José Martí.
Estos son los testaferros, ladrones, malversadores. Torturadores, anti obreros,  del imperio fascista.
Vean el historial de todos estos elementos personajillos y enano inservibles.

Lea el Dossier sobre los Ex Presidentes contra Venezuela: Sospechosos habituales

Un total de 31 ex presidentes iberoamericanos firmaron en abril pasado la llamada “Declaración de Panamá”, una pieza de propaganda en contra del gobierno de Venezuela. La Declaración es además un manifiesto neoliberal que recomienda a Venezuela “un amplio y complejo plan de ajuste” que “puede generar efectos inmediatos que golpearían a toda la población, pero en especial al segmento de más bajos ingresos”. Es curioso que los expresidentes propongan a estas alturas de la historia, paquetes de ajustes que causaron estragos en sus respectivos países y desestabilizaron en más de una ocasión a sus propios gobiernos.
Aparte de su historial de fracasos neoliberales, estos expresidentes acumulan también señalamientos que hacen aparecer a los “abajo firmantes” de la Declaración de Panamá como los sospechosos habituales de un listado policial.
La gran mayoría se agrupa en el Club de Madrid para la Transición y Consolidación Democráticas, una asociación de expresidentes regida por la legislación española, que les permite presentarse ante el mundo como estadistas. Sin embargo, vinculaciones con el narcotráfico y con oprobiosas dictaduras, sonados casos de corrupción, condenas políticas y judiciales, prácticas cuestionables para asegurar su reelección, parapolítica, terrorismo de Estado y masacres, son algunas de las cosas que pueden encontrarse en la hoja de vida de estos expresidentes, haciendo una rápida búsqueda en Internet. Hay quienes ni siquiera pudieron terminar sus mandatos y quienes ocuparon la Presidencia por razones fortuitas. En el caso de algunos, los escándalos siguen reventando días tras día y enfrentan aún hoy procesos judiciales. Veamos.
1.   Fernando de la Rúa (Argentina, 1999-2001). Aunque debía gobernar hasta el año 2003, el 20 de diciembre de 2001 salió huyendo del palacio de gobierno argentino en un helicóptero, luego de que la gigantesca protesta social generada por los destrozos del neoliberalismo lo obligara a renunciar. La represión policial desatada durante el estallido social dejó decenas de muertos, incluidos nueve menores de edad.
A De La Rúa se le acusa generalmente de haber tenido un “liderazgo débil”. De su gobierno, que hizo muy pronto aguas en medio de la terrible debacle financiera, una de las medidas más recordadas es la implementación del “corralito”, que consistía en la restricción para sacar dinero de los bancos. Felipe González,
En 2003, se reveló una trama de corrupción en la cual estaría implicado, cuando el secretario del Senado en el año 2000,  Mario Pontaquarto, declaró que cinco millones de dólares procedentes de los servicios de inteligencia argentinos sirvieron para sobornar a senadores peronistas y radicales para que votaran a favor de la reforma laboral del ex presidente de la Rúa en abril de 2000. El caso había sido archivado entonces por falta de pruebas, pero revivió cuando Pontaquarto aseguró que él mismo había hecho los pagos. De La Rúa fue absuelto por estos cargos de soborno, pero se convirtió en el segundo presidente argentino en ser enjuiciado.
El día de su renuncia, se había reunido con Felipe González, expresidente español, quien viajó para intentar ayudarlo. Una década más tarde, en 2011, De La Rúa recriminó a su aliado haber escrito un artículo “irónico” sobre su caída. “No mostró comprensión, pero los hechos de hoy (en España) seguramente lo harán entender más qué pasó entonces con mi gobierno y con la Argentina”, insistió el expresidente argentino. “Lo he buscado después a Felipe para preguntarle qué le pasó al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ahora, y no lo he encontrado”, dijo haciendo referencia a la crisis económica en España y a la derrota del PSOE en las elecciones de ese año.
2.   Eduardo Duhalde (Argentina, 2002-2003). Acusado por De La Rúa de haber organizado un complot en su contra para hacerse de la Presidencia, Duhalde se convirtió en Presidente interino de Argentina en enero del año 2002, para completar el mandato de De la Rúa hasta 2003. De hecho, según cuenta este último, meses antes de la renuncia de De La Rúa, Duhalde fue a pedirle ayuda al español José María Aznar anunciándole que él se iba a hacer cargo del gobierno, a lo que Aznar habría preguntado: “Pero ¿cómo? Si el Presidente es amigo mío y está en funciones todavía”. Duhalde respondió: “Sí, bueno, pero yo me voy hacer cargo”.
En junio de 2002, un organismo dependiente de la Presidencia (el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales), admitía que en Argentina había 18.219.000 pobres, un poco más de la mitad —el 51,4%— de la población. De ese total, 7.777.000 eran indigentes. En las calles, continuaba una intensa conflictividad social. El 26 de junio de 2002, la tensión en las calles llegó a un punto trágico con la Masacre de Avellaneda, cuando durante la represión de una manifestación de desocupados fueron asesinados por fuerzas policiales los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en una jornada que dejó también 33 heridos con balas de plomo y más de 160 detenidos. Los movimientos sociales han exigido que sean juzgados los responsables políticos de los asesinatos, entre quienes señalan a Duhalde. El expresidente se ha desligado de la masacre y ha señalado que fue “una locura del personal policial”. “Los mataron, señor, delante de todos, de sus colegas, de la televisión y de la radio. Fue así. No una cosa que se hizo de noche”, agrega.
Con los reclamos permanentes por la mejora de las condiciones de vida y unas difíciles negociaciones con el FMI, no es de extrañar que en julio de ese año Duhalde decidiera adelantar las elecciones para marzo de 2003, lo cual fue interpretado como una muestra de que Duhalde era un presidente debilitado, cuyo único objetivo era firmar el anhelado acuerdo con el FMI. La reseña del diario El País indicaba que “sin crédito ni credibilidad internacional y con escasa legitimidad al no haber sido elegido, el apoyo político se fue esfumando con lo que las posibilidades de terminar el mandato de De la Rúa, hasta diciembre de 2003, eran prácticamente nulas”.
Otra lectura del adelanto de las elecciones, era que Duhalde pretendía cerrarle el paso a las pretensiones electorales de su antiguo jefe, Carlos Menem. Duhalde había sido vicepresidente del desastroso gobierno de Menem, quien terminó siendo condenado a prisión por tráfico de armas.
De su vinculación con Menem se han escrito muchas cosas. En el artículo Un peronista a la antigua, publicado por El Mundo de España, se lee que durante sus años como el “poderoso” gobernador de Buenos Aires, Duhalde “se hizo sospechoso de conducir negocios turbios e incluso de estar vinculado al narcotráfico”. En la época del escándalo del Narcogate, “Zulema Yoma, la ex esposa de Carlos Menen dijo a la prensa ‘si quieren saber del narcotráfico en Argentina, pregunten a Duhalde y a Menem”.
En las elecciones de 2011, Duhalde se presentó como candidato presidencial y obtuvo solo el 5,86% de los votos.
3.   Jorge Quiroga (Bolivia, 2001-2002). En 1997, se convirtió en el vicepresidente de Hugo Banzer, quien llegaba a la presidencia tras haber controlado el poder como dictador en los años 70. Pero Banzer, su mentor político, fue diagnosticado con cáncer y a Quiroga le tocó asumir la Presidencia en agosto de 2001 hasta agosto de 2002.
Cuando se le pregunta sobre la dictadura de Banzer y su vinculación con el funesto Plan Cóndor, responde simplemente: “eso pasó, déjalo en la historia” (Jorge “Tuto” Quiroga, el candidato que no quiere hablar de Hugo Banzer).
Tras ese breve paso por la Presidencia de Bolivia, el “Tuto” fue cuestionado por el manejo de los “gastos reservados”, recursos públicos usados con total discrecionalidad. Fue acusado también de firmar contratos con trasnacionales petroleras sin autorización del Parlamento y en detrimento de la economía boliviana.
En 2005, se presentó como candidato a las elecciones presidenciales y acumuló el 28% de la votación. En 2014 hizo un nuevo intento, pero obtuvo solo 9% de los votos. Sin embargo, su paso accidental por la Presidencia de su país, le ha valido para formar parte de clubes de expresidentes como el Club de Madrid.
4.   Fernando Henrique Cardoso (Brasil, 1995-2002). Ganó las elecciones del 98 para su segundo mandato, luego de una enmienda constitucional que permitió la reelección. El “oficialismo” fue acusado entonces de haber comprado votos en el Congreso para asegurar la enmienda y permitirle a Cardoso continuar en la Presidencia.
Su gestión también se vio salpicada por señalamientos de chanchullos en la privatización de empresas estatales y estuvo signada por los altos niveles de desempleo.
Considerado fiel militante del Consenso de Washington, en su segundo mandato lanzó un dramático programa de ajuste fiscal neoliberal, caracterizado por reducción del gasto público, despidos de decenas de miles de funcionarios públicos, altas tasas de desempleo y el incremento de las cotizaciones de la seguridad social, para satisfacer las condiciones del FMI, además de escándalos de corrupción y crisis energética (conocida como “la crisis del apagón”), como consecuencia de la falta de inversiones en las infraestructuras de generación y distribución, que llevó a una ola de apagones y un severo racionamiento eléctrico. Bajo su mandato, Brasil vivió la crisis financiera de 1999, llamada el “efecto samba”, con escenarios de fuga de capitales, devaluación y quema de las reservas.
Recientemente, la presidenta Dilma Rousseff, refiriéndose al caso Petrobras, recordó que no fue en su gobierno, ni en el de Lula, donde comenzó la corrupción, sino que hay ahora un proceso de investigación que nunca hubo antes: “Si en 1996 y 1997 se hubiese investigado y castigado, nosotros no tendríamos el caso de este funcionario que permaneció por casi 20 años practicando actos de corrupción”, enfatizó refiriéndose al ex gerente de Petrobras, Pedro Barusco, quien admitió que desde 1997, ya bajo el gobierno de Cardoso, estaba admitiendo sobornos privados de las compañías que contrataban con la empresa estatal del petróleo. Otros analistas y actores políticos coinciden en que fue justamente Cardoso, con la apertura del sector petrolero a empresas extranjeras, quien abrió las puertas a la corrupción, al liberar a Petrobras de la obligación de contratar según los rígidos criterios de la Ley de Licitaciones 8666, con el argumento de poder competir con rivales internacionales. Una investigación del instituto de opinión Vox Populi, realizada recientemente, revela que los brasileños consideran que entre los tres últimos presidentes de Brasil (Cardoso, Lula, Rousseff), Cardoso fue el que menos combatió la corrupción. Y se recuerda además que al procurador general de la República durante su gobierno, Geraldo Brindeiro, se le endilgó el mote de “engavetador general”.
Como muchos de este listado, Cardoso es miembro del Club de Madrid.
5.   Ricardo Lagos (Chile, 2000-2006). El gobierno de Lagos se vio empañado por sonados casos de corrupción y las constantes denuncias de violaciones de los derechos humanos del pueblo mapuche.
En los años 90, siendo Lagos ministro de Educación, se vio involucrado en un caso de irregularidades en la compra de aulas tecnológicas. Una comisión ad hoc llegó a la conclusión de que en este caso se habría cometido fraude al Fisco, ya que el Ministerio habría pagado un monto superior a los 4 millones de dólares de sobreprecio para adquirir dichas aulas en un convenio con España, sin un proceso transparente de licitación.
El caso de corrupción más escandaloso durante su gobierno fue el MOP-Gate, que implicaba defraudación en el Ministerio de Obras Públicas y el pago de “sobresueldos” a ministros, subsecretarios y otros representantes de confianza del presidente, por trabajos que no habían realizado. A pocos meses del MOP-Gate, en marzo de 2003, estalló el escándalo CORFO-Inverlink. El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) y yerno de Lagos, Gonzalo Rivas Gómez, reconoció que el organismo estatal había sido objeto de una estafa de 79.000 millones de pesos, a través de la sustracción de papeles de depósito a plazo fijo y entregado para su comercialización al holding bursátil Inverlink, a su vez involucrado en el robo de información confidencial al Banco Central. Los señalamientos de corrupción hicieron temer incluso que Lagos no concluyera su periodo presidencial, pero hasta hoy se asume que un conjunto de acuerdos conseguidos con el presidente del principal partido de oposición (el derechista Unión Demócrata Independiente, UDI) hicieron que bajaran las denuncias y salvaron al mandatario, en lo que hoy sigue siendo cuestionada como una polémica “operación de salvataje”.
Una investigación publicada el año 2007 por CLACSO, determinó que  la aplicación de la Ley Antiterrorista en el gobierno de Lagos implicó el inicio de una verdadera “guerra sucia” contra los mapuche. El Relator Especial para los pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, en carta abierta a Lagos, expresó su profunda preocupación por la cuestionable legalidad de los procesos contra los mapuches y la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los defensores del pueblo mapuche. En el llamado “Caso Lonkos”, donde fueron condenados los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile por el fenómeno de criminalización de la protesta social y del pueblo mapuche. En noviembre 2002, en medio de un acto de recuperación de tierras, el joven comunero mapuche Alex Lemún (17 años) fue asesinado por un carabinero, que siguió activo y absuelto por tribunales militares.
Durante el golpe de Estado de 2002 en Venezuela, Lagos se “alineó” con Estados Unidos y España. “El gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática, con un alto costo de vidas humanas y heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”, señaló un comunicado del gobierno chileno, leído por el entonces embajador en Caracas, Marcos Álvarez. Testigos han asegurado que luego de hacerse público el comunicado, se le comentó al Presidente chileno que esa misma declaración podría haber validado el golpe a Salvador Allende. Cuando Chávez fue rescatado por el pueblo, Lagos se apresuró a culpar a su embajador, quien aseguró siempre que recibió órdenes directas de Lagos y su canciller.
6.   Sebastián Piñera (Chile, 2010-2014). Quizás lo más recordado de su gobierno sea la represión contra los estudiantes, que incluyó el asesinato del joven de 14 años, Manuel Gutiérrez, por parte de Carabineros. Incluso, durante las guarimbas de 2014 en Venezuela, se transmitieron por las redes sociales fotos de la brutal represión en Chile, como si esos sucesos estuvieran ocurriendo en suelo venezolano. Esta represión se dio en el marco de la lucha estudiantil por reivindicar una educación pública, gratuita y de calidad, y la negativa de Piñera a atender el reclamo, ya que considera la educación un “bien de consumo” en lugar de un derecho social.
En 2011, el presidente de Amnistía Internacional Chile, Hernán Vergara, aseguró que en ese país “se registra un creciente problema de criminalización y penalización de la protesta social por parte de los servicios policiales”. De hecho, el gobierno de Piñera impulsó la llamada “Ley Hinzpeter”, que permitía aplicar la misma pena de cárcel a quienes participaran en una marcha pacífica o bloquearan el tránsito con violencia. Según esa propuesta de ley, si alguien promovía, a través de las redes sociales, la participación en una marcha estaría cometiendo un delito. La ley recibió el rechazo de Amnistía Internacional y finalmente fue descartada en la Cámara de Diputados, por considerar que criminalizaba la protesta social.
En su gobierno, continuó además la represión contra el pueblo mapuche. En el año 2013, la ONU pidió a Chile poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista en el conflicto mapuche. “La legislación ‘ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche. Se ha aplicado de modo confuso, lo que ha resultado en verdadera injusticia, ha menoscabado el derecho a un juicio justo y se ha percibido como estigmatizante”, dijo en una declaración el relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, Ben Emmerson. Piñera hizo caso omiso.
Ha habido distintas acusaciones de corrupción contra Piñera, ante el aumento inusitado de su fortuna, una de las mayores de Chile. En la campaña del año 2009, durante un debate electoral, fue emplazado por Eduardo Frei, ya que Piñera fue mencionado en el informe de ese año de Transparencia Internacional, acusado de “abuso de información privilegiada” en la adquisición de acciones de LAN por la cual recibió una sanción de la Superintendencia de Valores y Seguros. En medio de la crisis bancaria de inicios de 1980, Piñera fue declarado reo por fraude e infracciones a la Ley General de Bancos. Su fortuna aumentó ampliamente durante su mandato presidencial, según los números manejados por Forbes, “Fortuna de Piñera aumentó US$200 millones durante su primer año de mandato” y “Gigantescas dudas genera aumento de fortuna de Piñera durante 4 del gobierno. Pasó de mil a dos mil 500 millones de dólares”.
7.   Belisario Betancur (Colombia, 1982-1986). En el “noviembre negro” de 1985, Betancur era el presidente de Colombia. En ese solo mes, pasaron dos grandes sucesos que aún hoy lo persiguen. El 6 de noviembre se produjo la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de guerrilleros del M-19. Fuerzas policiales y militares ejecutaron una retoma que terminó en masacre. Veintinueve años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de esta operación, entre ellas la del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, quien salió vivo del edificio, pero luego fue encontrado entre los muertos. Recientemente, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá pidió a la Corte Penal Internacional que considere investigar a Betancur por los desaparecidos del Palacio de Justicia, para que “impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano”.
Pocos días después, el 13 de noviembre, ocurría la tragedia de Armero. En septiembre de 1985, el representante a la Cámara Humberto Arango Monedero citó a cuatro ministros del gobierno de Betancur y les advirtió sobre la erupción inminente del volcán Nevado del Ruiz. Ninguno de ellos prestó atención y no se plantearon planes de evacuación desde el Gobierno central. La tragedia pudo haberse evitado. Aún hoy, hay sectores que denuncian que a pesar de las múltiples advertencias y la inacción del gobierno, el Estado no ha sido condenado por las 23 mil muertes de los habitantes del segundo municipio más grande del Tolima. Al recibir la primera llamada avisando de la tragedia, Belisario solo dijo: “Estás exagerando” y colgó.
En la actualidad, Betancur es presidente para Iberoamérica de la española Fundación Santillana y se le considera uno de los expresidentes latinoamericanos más vinculados con España.
8.   Andrés Pastrana (Colombia, 1998-2002). Es el padre del “Plan Colombia”, alianza militar con Estados Unidos que implicó la subordinación de la estrategia de seguridad interna a los intereses de política exterior de Washington y el cabildeo de contratistas privados de servicios de seguridad estadounidenses, como Dynamics Corporation, beneficiaria de los contratos de la polémica fumigación aérea de cultivos ilícitos.
En un artículo titulado “Pastrana deja un país sumido en la pobreza”, de la agencia IPS que hace un balance de su gestión, se subraya que la brecha entre ricos y pobres aumentó de modo drástico en Colombia durante los cuatro años de gobierno de Pastrana. Así, a su salida en 2002, por lo menos 63 por ciento de los 42 millones de colombianos vivían en la pobreza y 23 por ciento de ellos (unos seis millones) se debatían entre la extrema pobreza y la indigencia.
Durante el golpe de Estado de 2002, llamó por teléfono a Carmona y ha sido señalado por el ex canciller mexicano de ese momento de haber maniobrado internacionalmente para impedir el retorno del Presidente Chávez al Palacio de Miraflores.
Al dejar el gobierno, sus puntos estaban tan bajos, que por primera vez en la historia su partido ni siquiera tenía representante en la elección presidencial. En su despedida, se quejó de la prensa por “enfatizar lo negativo” y se marchó a vivir en España. A su sucesor, Álvaro Uribe, le criticó en la revista colombiana Semana: “la falta de transparencia y la resistencia a la consulta y al consenso en sus pactos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Los pactos de Ralito les siguen dando una sorpresa diaria a los colombianos. Además, la mano blanda con la para-política la está comenzando a cobrar la comunidad internacional”.
9.   Álvaro Uribe (Colombia, 2002-2010). Uribe ha vivido y gobernado envuelto en escándalos. Es muy difícil resumir. Antes de cumplir los 30 años, fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil y se ha denunciado que en esa época otorgó a narcotraficantes licencias para aterrizar en el aeropuerto de Medellín. Virginia Vallejo, autora del libro “Amando a Pablo, odiando a Escobar”, dice que el jefe del Cartel de Medellín idolatraba a Uribe. Asegura que “Pablo solía decir: ‘si no fuera por este muchacho bendito tendríamos que estar nadando hasta Miami para llevar la droga a los gringos”. Un informe de 1991 del Departamento estadounidense de Defensa, desclasificado en 2004, vincula a Uribe con el cartel del narcotráfico de Medellín. El documento describía a Uribe como “político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín a los más altos niveles gubernamentales”.
Como gobernador de Antioquia, defendió y promovió la implantación local de las empresas de vigilancia y seguridad privada Convivir, señaladas de haber sido una fachada para promover la expansión del paramilitarismo en el departamento que gobernó entre 1995 y 1997.
Durante 2005, se desató el escándalo de la “parapolítica” en Colombia, una serie de investigaciones que comprometían a aliados políticos y funcionarios del gobierno de Uribe con grupos paramilitares ilegales colombianos. Según las investigaciones, políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dinero para la financiación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados.
En 2008, estalló el escándalo de los “falsos positivos”, cuando se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar resultados en la lucha contra los grupos insurgentes.
En julio de 2014, la Corte Suprema de Colombia declaró culpable al ex ministro Andrés Felipe Arias por irregularidades en la entrega de subsidios agrícolas cuando estuvo a cargo de la cartera de Agricultura durante el gobierno de Uribe.
Recientemente en 2015, en uno de los pronunciamientos judiciales más duros en contra de Uribe, la Corte Suprema de Justicia lo señala de haber participado directamente en el ofrecimiento de burocracia a Yidis Medina para que apoyara el proyecto de reforma constitucional que en el 2004 revivió la reelección presidencial en Colombia. La Sala Penal de la Corte condenó por ese escándalo, conocido como la “yidispolítica”, a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y al exsecretario de Casa de Nariño Alberto Velásquez a penas de 80 y 60 meses de prisión. La sentencia señala que esos altos funcionarios del gobierno de la época “corrompieron” a dos parlamentarios de provincia –Yidis Medina y Teodolindo Avendaño– para lograr la aprobación del proyecto que habilitó a Álvaro Uribe para aspirar en el 2006 a su segundo mandato.
Este mismo año ha habido también acciones judiciales por el escándalo de las “chuzadas”, interceptaciones ilegales realizadas durante el gobierno de Uribe a políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos, que ha involucrado a altos funcionarios de la administración uribista. Y en estos días nomás (el martes 5 de mayo), Uribe compareció ante la Corte Suprema colombiana para esclarecer su presunto vínculo con el hacker Andrés Sepúlveda, responsable de actos de espionaje contra los representantes del Gobierno y las FARC-EP en los diálogos de paz.
Entre una y otra cosa, Uribe dijo que durante su gobierno le faltó tiempo para atacar militarmente a Venezuela.
10.               Luis Alberto Monge (Costa Rica, 1982-1986). En el libro titulado “El rey de la cocaína”, Ayda Levy, viuda del narcotraficante boliviano Roberto Suárez Gómez, afirma que el 6 de enero de 1982, Suárez y el colombiano Pablo Escobar, entregaron al candidato presidencial Monge 2 millones de dólares en efectivo para el tramo final de su campaña, tras una gestión del general panameño Manuel Antonio Noriega. “De esa manera ellos seguirían teniendo libre acceso a la provincia de Puerto Limón, desde donde recogían los cargamentos de droga boliviana que llegaban de Colombia con destino a la Florida”, se lee en el libro. Monge lo negó, pero desde esos días persiste la sospecha.
Una vez terminada su gestión presidencial, Monge fue juzgado por delito de peculado en el caso del desfalco al Fondo Nacional de Emergencias. Fue absuelto en 1990. Su asistente en la Presidencia, Geannina Tanzi, continuó en juicio hasta el año 2001, por la presunta utilización de dineros del Fondo de Emergencias para hacer adecuaciones en la residencia personal de Monge.
El 23 de abril de 1984, un artículo del New York Times titulado “Costa Rican aides said to get bribes”, revelaba que altos funcionarios del gobierno costarricense recibían sobornos de la contra nicaragüense, con dinero proveniente de la CIA, a fin de comprar protección para las fuerzas de la contra que continuaron operando desde bases en la frontera de Costa Rica.
11.               Oscar Arias (Costa Rica, 1986-1990 y 2006-2010). Proveniente de una acaudalada familia cafetalera y considerado el introductor del neoliberalismo en Costa Rica, Arias es la figura principal del “arismo”, el ala derecha del Partido de Liberación Nacional (al que pertenecen también Monge y Chinchilla). Acusado de autoritarismo y criticado por su doctrina política que defiende la “dictadura en democracia”, Arias (Premio Nóbel de la Paz, igual que Barack Obama), tiene también un largo historial.
En el debate político costarricense, es común que le recuerden que para la campaña de su primer mandato presidencial recibió financiamiento de Manuel Noriega, ex mandatario de Panamá que purga condena en Estados Unidos por narcotráfico. En su libro de memorias, Noriega afirma haber financiado a Arias durante la campaña y posteriormente cuando ya era Presidente. Arias ha reconocido lo primero, pero niega lo segundo. “Arias llamaba a mi secretaria Marcela Tason cuando él necesitaba plata, e insistía en que Marcela se la llevara personalmente a su casa”, escribió Noriega. En su defensa, Arias aseguró que “el general Noriega de 1985 era el jefe militar de un Panamá democrático, amigo de Estados Unidos, aliado del presidente Reagan”.
Uno de los peores escándalos de narcopolítica en la historia costarricense es el caso de Ricardo Alem León, quien en 1997 fue condenado en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Alem fue uno de los aliados de Arias en su primera campaña electoral y cuando éste llegó a la Presidencia lo nombró en 1987 delegado ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En un artículo publicado por el diario colombiano El Tiempo, el 2 de febrero de 1992, bajo el título “Recibí dinero de narcos, admite Oscar Arias”, se reseña que ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, Arias reconoció haber recibido una donación de 20.000 dólares de la empresa estadounidense Ocean Hunter Inc., acusada de tener relaciones con el narcotráfico.
A pesar de que el artículo 132 de la Constitución de Costa Rica prohíbe expresamente la reelección presidencial, Arias fue reelecto presidente para el periodo 2006-2010. Desde finales de los años 90, se registraron intentos de Arias para abrir una puerta que le permitiera volver a la Presidencia. No fue posible la reforma por la vía de la Asamblea y también se vio frustrado un primer intento en los tribunales. En abril de 2003, logró una polémica resolución de la Sala Constitucional que permitió su reelección y que, según se denunció, fue obtenido con tráfico de influencias. El expresidente Luis Alberto Monge afirmó que si Arias ganaba las elecciones sería un “presidente de facto”, pues al no haberse modificado el artículo 132 de la Constitución se estaría en presencia de un golpe de Estado. “A pesar del bombardeo propagandístico millonario, poco a poco ha crecido la toma de conciencia del pueblo sobre este sigiloso y corrupto golpe de Estado”, señaló.  Denunció además que esa “ambición desenfrenada pero no solamente personal (de Arias), responde a grandes intereses económicos en Costa Rica que están desesperados por juntar totalmente poder político y económico”. El mismo Arias, antes de llevar el tema de la reelección a la Sala Constitucional, había manifestado en una entrevista publicada por el diario La Nación, el 2 de diciembre de 1999, que sacar el tema de la reelección presidencial de la Asamblea Legislativa para llevarlo al Poder Judicial sería una burla: “La Sala Constitucional no tiene nada que ver con esto. Sería burlar a 57 diputados si uno esquiva el debate en el Parlamento. Sería una actitud antidemocrática tocar las puertas del Poder Judicial”.
La aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos fue otro punto de polémica durante su segunda administración. En 2007, se develó un documento llamado el “memorándum del miedo”, redactado por el ex vicepresidente Kevin Casas Zamora y por el primo hermano de Oscar Arias, Fernando Sánchez. En este memorándum, dirigido a Oscar Arias, se detallaban acciones específicas para amenazar y amedrentar a los costarricenses para que votaran por el Sí al TLC en el referendo. Se trataba de acciones ilegales y antiéticas, como por ejemplo presionar a los alcaldes para que influyeran en sus municipios, bajo amenaza de castigarlos con el presupuesto.
En 2008, su ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, renunció al recibir acusaciones de malversación de 1,5 millones de dólares que habían sido donados por el otrora “gran amigo de Costa Rica”, Taiwán. Este dinero, que debía utilizarse para proyectos en barrios pobres, fue gastado en “consultorías”, una de ellas contratada con el Centro Internacional para el Desarrollo Humano Sostenible (CIDH), fundado por Zumbado.
En 2014, Arias estuvo siendo investigado por una supuesta donación de Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz, por el caso de un fallido proyecto minero. Recientemente, en marzo de 2015, el actual presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, conversaba con ambientalistas sobre un proyecto de un terminal de contenedores que intenta avanzar una empresa holandesa. Los ambientalistas se quejaban de que se sentían como en la época de Arias. El presidente respondió: “¿Usted cree que si Óscar Arias estuviera en el poder, ustedes estarían aquí hoy conversando?”, “yo no estoy en los negocios, él sí estaba en los negocios”. Ante el revuelo, el Presidente ofreció disculpas públicas.
Sobre su gestión, un artículo surgido del derechista Cato Institute, titulado “Cómo Óscar Arias casi quiebra a Costa Rica”, se quejaba de que Costa Rica cerró el 2010 con el déficit fiscal más alto de América Latina, mientras había aumentado la pobreza.
Visto este resumen, es fácil recordar lo que le decía el ex presidente Monge en un artículo en el cual lo acusa de autoritarismo y ambición de poder, “no se puede tirar piedras si se tiene el techo de vidrio”.
Continuará….
¡¡¡¡POBRES ISLAS CANARIAS. LA MALDICIÓN DE PERTENECER A ESPAÑA. AHORA LA CIA, MÁS USAID, TAN CERCA DE MARRUECOS TAN LEJOS DE DIOS, OTAN Y AFRICOM. Y AHORA CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI) PARA ESPIAR Y CONTROLAR A NUESTROS VECINOS AFRICANOS!!!!
ADEMÁS NOS PRESTAMOS A ESPIAR A NUESTROS QUERIDOS VECINOS. BUENOS VECINOS SI EXCEPTUAMOS AL MARRUECOS FASCISTA.
QUE NO NOS EXTRAÑE, SI SE DEFIENDEN. EN LOS PECADOS NOS IRÁ LA PENITENCIA.
Saludos Republicanos. ¡¡¡VIVA LA REPUBLICA!!!
La Habana, 10 de diciembre de 2015
Manuel Trujillo Artiles.
¡¡¡¡Ultimas noticias!!!!: Rajoy quiere sustituir a Francia en las guerras que este gobierno asesino le tiene declarada a los africanos.
¿Van utilizar los aeropuertos Canarias para atacar a nuestros vecinos africanos?

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